SCJN ordena transparencia en contratos de Pegasus

Fuente: ONEA | Elizabeth Hernández

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que existe la posibilidad de divulgar versiones públicas de la información recopilada mediante el software Pegasus, ya que este tipo de material no compromete la seguridad nacional, y si aporta a las investigaciones sobre espionaje en contra de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos en México.

La decisión del Pleno de la Corta obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a proporcionar una versión pública de los contratos celebrados con entidades gubernamentales para la adquisición de este controvertido programa de espionaje, que ya cuenta con restricciones en la mayor parte de la Unión Europea y el mundo debido a la falta de controles estrictos para su uso.

Esta determinación surge tras intensas deliberaciones legales entre la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Aunque este último previamente emitió resoluciones exigiendo la transparencia en los contratos de Pegasus, la CJEF presentó amparos que fueron finalmente desestimados esta tarde por mayoría en el Pleno de la Corte.

La decisión de desechar los amparos fue respaldada por nueve votos a favor, mientras que las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres se opusieron a esta propuesta, destacando la polarización en torno al tema. Activistas por los derechos digitales señalaron en redes sociales que el sentido del voto de las dos magistradas obedece a una agenda política que intenta encubrir el espionaje sistemático que realizan las Fuerzas Armadas en México.

Es crucial señalar que el software Pegasus ha sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos en México, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la privacidad y la libertad de expresión en el país. La transparencia ahora ordenada por la SCJN marca un paso significativo hacia la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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