• Mayoría de autoridades municipales a favor del decreto que reforma la fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política Local, aprobado el pasado 25 de octubre por este Congreso.

La LXVI Legislatura del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave declaró aprobado el decreto que reforma la fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado, avalado por esta Soberanía el pasado 24 de octubre, en relación con la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).

Lo anterior, al darse a conocer el informe de la Secretaría General de este Congreso, que dio a conocer que, transcurridos los 30 días naturales que prevé la Constitución para que cada ayuntamiento exprese su voluntad, recibió las actas de Cabildo de 71 autoridades municipales en sentido aprobatorio.

Además, refirió que en 127 ayuntamientos debe considerarse aprobado el Decreto, al actualizarse el supuesto de afirmativa ficta, previsto en el artículo 84 constitucional y en los artículos 21 y 23 de la Ley Reglamentaria, por haber transcurrido, a partir de la recepción del proyecto correspondiente, los 30 días naturales, sin que en ese plazo se comunicara su decisión sobre el mismo.

Por lo anterior y tras su declaratoria, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Margarita Corro Mendoza, instruyó remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

• Dado que es un conjunto de conductas que afectan en lo social y lo público, debe considerarse como delito que impacta a la economía estatal, y no percibirlo como ilícito patrimonial.

Con el objeto de contar con una legislación de vanguardia y que responda a las actuales necesidades en relación con el delito de abigeato, el grupo legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, en voz del diputado Roberto Francisco San Román Solana, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal para reclasificarlo a fin que deje de ser meramente patrimonial y considerarlo como ilícito que impacta a la economía estatal.

De acuerdo con la iniciativa, presentada durante la séptima sesión ordinaria, se derogaría el capítulo II denominado “Abigeato” del título VII de libro segundo, con sus artículos 210, 210 Bis, 211 y 212 del citado Código y, a su vez, se adicionaría el título VII Bis “Delitos contra la Producción Pecuaria”, integrado por el capítulo I, denominado Abigeato, con los artículos 232 Bis, 232 Ter, 232 Quáter, 232 Quinquies, 232 Sexies, 232 Septies, 232 Octies, así como el título II, “Delitos contra la Ganadería”, con el artículo 232 Nonies.

De esta manera, en Delitos contra la Producción Pecuaria quedaría establecido que comete el delito de Abigeato quien, por sí o por interpósita persona se apodere de especies mayores, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda dar o disponer del mismo, e independientemente del lugar en que se encuentren. Además, se le impondría prisión de seis a ocho años y multa de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), si la conducta descrita se ejecuta en una a dos cabezas de ganado.

Asimismo, prisión de nueve a 12 años y multa de hasta 400 UMA´s, si la conducta es en tres a cinco cabezas de ganado; y aplicaría prisión de 13 a 18 años y multa de hasta 700 UMA´s si la conducta se ejecuta en seis o más cabezas de ganado.

Por otra parte, se equipararía el delito de abigeato y se aplicaría prisión de seis a 12 años y multa de hasta 600 UMA´s, al no acreditarse la propiedad de una o más cabezas de las especies pecuarias mayores, productos o subproductos; marque, contramarque, señale o contraseñale a una o más cabezas de ganado, sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo; altere, desfigure o elimine las marcas o señales de identificación de una o más cabezas de ganado; expida o haga uso de factura, guía de tránsito, certificado zoosanitario o dispositivo de identificación oficial apócrifo, para simular la venta, entre otros.

También, se precisa que comete el delito contra la ganadería y se le sancionaría con prisión de tres a seis años y multa de 200 a 300 UMA´s a quien introduzca o enajene en territorio estatal, una o más semovientes de cualquier especie ganadera, sin la documentación legal correspondiente; o que por cualquier medio movilice en tránsito y de paso por el estado semovientes sin la correspondiente documentación que acredite su legal procedencia, trazabilidad, legal introducción o movilización que refiere origen y destino.

El artículo segundo transitorio expone que delitos que se hubiesen cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma de acuerdo con lo previsto en los artículos 210, 210 Bis, 211 y 212, se perseguirán y sancionarán conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de su comisión.

El legislador San Román Solana manifestó que es palpable la demanda de las y los ganaderos que expresan su preocupación y reclamos, exigiendo que el delito de abigeato contenga acciones más contundentes, dado que los delincuentes logran salir libres mediante el pago de una cantidad irrisoria de dinero, lo que provoca que, en muchos casos, las y los productores ya no quieran denunciar.

Por todo lo anterior, subrayó es necesario la reclasificación del delito de abigeato, mediante la extracción de este tipo penal del capítulo de delitos patrimoniales y la adición de uno que tenga como bien jurídico tutelado a la sociedad, por su impacto en la soberanía e inocuidad alimentarias y la estabilidad económica del sector pecuario veracruzano.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.

• Ayuntamiento recibirá 108 armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y 115 adquiridas son recursos propios.

El Pleno de la LXVI Legislatura avaló que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos suscriba un contrato de comodato con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, para el uso y disfrute gratuito de diversas armas de fuego, propiedad del Gobierno del Estado y el propio Ayuntamiento, para que sean destinadas al servicio de seguridad pública del municipio.

Las y los legisladores convinieron que los términos del contrato definan que la SSP conceda un total de 108 armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y 115 adquiridos con recursos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, bajo el número de licencia Oficial Colectiva número 63, otorgada por la SSP del estado de Veracruz, por la Dirección General del Registro Federal de armas de fuego y control de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Veracruz, los Ayuntamientos tienen la obligación de brindar el servicio de seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito en favor de la ciudadanía.

Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, consideran que esta función, a cargo de la federación, entidades federativas y municipios, tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así́ como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de ahí la importancia de fortalecer a las autoridades en la materia.

Juan Javier Gómez Cazarín

Dice la sabiduría popular que “el interés tiene pies”. Y ya si se trata de llevarnos un poco más pesado, también dice que “no hay burro flojo para su casa”.

Claro, porque cuando se nos presenta alguna oportunidad afortunada –como ver a la novia, cobrar un dinero que nos deben, acudir a un baile, a un partido de nuestro equipo o gorrear una buena comida- parece que movemos cielo, mar y tierra para acudir a donde se requiere nuestra presencia física.

El problema, desde luego, es cuando no queremos, cuando no tenemos ganas, cuando no sentimos compromiso y, si tenemos un pretexto a la mano, pues peor.

Durante muchos años, décadas, una de las figuras públicas menos apreciadas por la sociedad han sido los diputados. En las encuestas que le hacían a la gente de los servidores públicos más respetados y admirados, soldados y marinos siempre salían hasta arriba; mientras que los diputados y los agentes de tránsito, siempre acababan compitiendo por el último lugar. Y muchas veces los diputados ¡sí ganaban el último lugar!

La mala fama de los diputados (en masculino, porque casi siempre eran hombres) incluía historias de que se dormían en la curul o que, en el mejor de los casos, sólo acudían a calentarla.

Las diputadas y los diputados de la Cuarta Transformación hemos tratado de revertir esta imagen. Básicamente, sólo hay una manera posible de hacerlo: con chamba, con dedicación, con cercanía respecto a la gente.

En ocasión de la pandemia de Covid-19, modificamos la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior para permitir la presencia virtual de diputadas y diputados. En su momento fue una buena noticia, porque con esa medida se evitaban contagios y se facilitaba la participación de quienes –me tocó- estaban –estábamos- en cuarentena.

El problema surgió cuando los contagios disminuyeron y la contingencia quedó atrás, pero algunas diputadas y algunos diputados seguían sin asistir a las sesiones del Pleno. Ya no se les podía acusar de calentar curules, sino de dejar las curules frías. Se conectaban a la videoconferencia –a veces ni se les veía la cara- y sólo medio aparecían a la hora de votar. Así no se pueden debatir como es debido los temas relevantes para el Estado -y vienen muchos debates más el año próximo-.

Relacionado con lo anterior, mi compañero diputado Toño Luna pronunció hace poco un respetuoso exhorto para que vengan a trabajar todas y todos los compañeros que estuvieron ausentes de las comparecencias de las y los funcionarios del gabinete que han comparecido para la glosa del IV Informe del Gobernador. Se trata de un tema de interés para el pueblo de Veracruz, les recordó.

Con el apoyo de mis compañeras y compañeros de Morena, presenté una iniciativa para meter reversa a medias de la reforma que hicimos en época de la contingencia. Si se aprueba –y confío que así será- las sesiones sólo serán virtuales cuando se presenten “contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor”. O sea, que no serán siempre y que todas las demás veces las diputadas y diputados tendremos que acudir de manera presencial. Después de todo, bien lo dijo Toño Luna: “para eso y más se nos paga y debemos corresponder”.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de Veracruz.