La nueva Ley de Publicidad

  • Se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación
  • Entrará en vigor dentro de noventa días
  • Busca promover transparencia en el mercado

Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Este jueves 3 de junio, coincidiendo con el inicio de la veda de las campañas de publicidad de los candidatos y los partidos políticos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto directo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que expide la nueva Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

El documento del decreto presidencial fue publicado en la Gaceta Oficial de la Secretaría de Gobernación, pero por tratarse precisamente de un decreto, aunque se trate de una nueva Ley, que se supone debe de pasar por el Congreso de la Unión para su aprobación y puesta en vigor.

Se indica que el decreto de Ley fue turnada al presidente López Obrador por el Congreso de la Unión -las cámaras de diputados y senadores- que la aprobaron el pasado 31 de mayo, aunque al parecer fue poco difundida, hasta ahora que aparece en el Diario Oficial de la Federación.

Mediante el decreto se expide en un Artículo Único, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad

Artículo Único. – Se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

En el Artículo 1. Se establece que la presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio nacional. En atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores.

Artículo 2. La presente Ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí, dos o más de los agentes económicos a los que se refieren las fracciones I, II y VII del artículo 3 de este ordenamiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agencia de Medios o Agencia: Persona física o moral cuya actividad principal es la creación, diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias, así como la contratación de espacios publicitarios por cuenta y orden de anunciantes;

II. Anunciante: Persona física o moral en cuyo interés se realiza la publicidad para dar a conocer las características o beneficios de sus productos y/o servicios;

III. Contrato de publicidad: Acuerdo por el que un Anunciante encomienda a una Agencia, mediante una contraprestación, la creación, planificación, ejecución y difusión de contenidos publicitarios;

IV. Contrato de difusión publicitaria: Acuerdo por el que, a cambio de una contraprestación, un Medio se obliga en favor de un Anunciante a permitir la utilización de Espacios Publicitarios;

V. Espacio Publicitario: Lugar o tiempo en los Medios de Comunicación en los que se inserta Publicidad, con el propósito de dar a conocer la existencia o características de un producto o servicio para inducir su comercialización a través de cualquier Medio;

VI. Ley: La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad;

VII. Medio de Comunicación o Medio: Persona física o moral que, por medio de ejemplares impresos, las telecomunicaciones, la radiodifusión, las señales satelitales, el Internet, la fibra óptica, el cable o cualquier otro medio de transmisión, difunda espacios publicitarios;

VIII. Publicidad: Actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de contenido en espacios publicitarios, por cualquiera de los medios de comunicación señalados en esta Ley;

IX. Publicidad Digital: Lugar que las plataformas digitales conectadas a Internet, como páginas web y aplicaciones móviles, destinan para insertar anuncios publicitarios en línea, y

X. Publicidad Digital Programática: Publicidad Digital vendida a través de mecanismos automatizados, en particular a través de subastas en tiempo real, que establecen como criterio principal de venta el acceso a audiencias con perfiles segmentados.

La novedad es que ahora se van a hacer las contrataciones de publicidad mediante las llamadas Agencias de Publicidad -como de hecho ya se hizo en la práctica hace muchos años- pero ahora se emite una Ley de Publicidad, que entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a partir de este jueves 3 de junio.

El registro autoritario de usuarios de celular

  • El gobierno tendrá la base de datos de todos los usuarios
  • Se tendrá que entregar huellas digitales, fotos del rostro y domicilio
  • México entrará a la lista de países autoritarios que lo hacen

Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Con la novedad, de que este martes, nuestros ilustres senadores de la república, decidieron aprobar -en una votación muy cerrada- la creación del llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que por si usted no estaba enterado, ahora será obligatorio entregar los datos biométricos para poder tener acceso a la comunicación por celulares.

A partir de ahora, usted tendrá que entregar al Gobierno y a las empresas de telefonía con que tenga contratado sus servicios, además de una copia de su identificación personal, tendrá que registrar en un nuevo padrón, sus huellas digitales, fotografías del rostro y datos detallados del domicilio del usuario. Todo eso será, si usted quiere seguir teniendo acceso a la comunicación por celular. ¡Imagínese su vida sin celular!!

El pretexto o justificación del Poder Legislativo, es que existe un mercado negro de equipos celulares que se utilizan para extorsionar y cometer otro tipo de delitos, como secuestro.

Aunque de acuerdo con los especialistas en el tema: “No existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM (para el uso de la línea móvil) contribuyan a la reducción de delitos”.

En México existen ya más de 126 millones de líneas móviles registradas a finales del año pasado.

Hay que recordar que no es nada nuevo ese intento por tener un Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que fue desechado en el año 2011 luego de que casi nadie se registró. Pero ahora en el gobierno de la Cuatro T, se aplica la misma receta pero más ampliada en el registro de usuarios, con lo que “Pone nuevamente a México en una lista de países autoritarios que exigen a los ciudadanos sus datos biométricos para acceder una línea telefónica móvil” países como China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela tienen una política similar y para ya vamos también.

Hay que recordar que las bases de datos personales de instituciones bancarias u organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), han sido puestos a la venta en varias páginas de Internet.

Hasta 2019, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones que agrupa a los principales operadores de telefonía móvil en México, tiene un registro creciente de 815.512 denuncias de equipos móviles robados, en contraste con los casi 620.000, que se sustrajeron el año anterior. Por eso, con esta ley se promueve que se roben más celulares al no poder registrarlos y por lo tanto, que haya más crimen porque la mayoría de las líneas no se usan para delitos.

¿Pero acaso las autoridades federales no están enteradas de que la mayoría de las llamadas de extorción y robo de datos bancarios, se hacen desde los distintos centros penitenciarios, en donde al parecer no hay ningún control y los reclusos pueden estar llamando con toda tranquilidad sin que sean incautados sus aparatos de comunicación.?

Otra más, son las falsas llamadas de los “bancos”, que todo el día están hablando para decir que su tarjeta -aunque usted no tenga tarjetas de ese banco- tiene un adeudo y que tiene que depositar inmediatamente una x cantidad.

Otro sistema que utilizan es el mandar un mensaje de texto, para avisar que su tarjeta de crédito ha sido utilizada para pagar un costoso artículo, que si no reconoce el cargo, se comunique a un teléfono, donde le van a pedir, “por motivos de seguridad y comprobar su identidad” que precisamente les den sus números de cuenta y contraseñas.

Es ahí a donde se deberían de enfocar nuestras autoridades, para investigar y detectar a esos delincuentes de cuello blanco, que están extorsionando con toda libertad a quienes se dejan.

De acuerdo con el documento de iniciativa aprobado por el Senado mexicano, las empresas de telecomunicaciones serían las encargadas de recabar y validar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el registro y realizarán las altas, bajas y demás movimientos asociados a las líneas telefónicas en este padrón.

Según el último reporte del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, apenas se ha logrado contar con 100% de penetración de servicios móviles en el país. Sin embargo, de las líneas registradas, alrededor del 6% de los usuarios tienen dos o más líneas.

“¿Y si no puedes o no quieres registrar tus datos, ¿te van a desconectar?”

Este nuevo padrón condiciona la huella digital de los usuarios, que ya cuentan con una línea. De ser obligatorio, los usuarios tendrán que entregarlo para no perder una conexión que ya es vital para la mayoría.

La buena noticia, es que no todo está perdido, pues si los señores legisladores aprobaron la creación de ese padrón, que es violatorio de las garantías individuales de los ciudadanos y de los derechos humanos, seguramente que tanto los particulares como las empresas habrán de emprender varios procesos de amparo, para evitar que se tengan que entregar y puedan ser usados sus datos biométricos.

Empezando por el elemental derecho a la comunicación, así como la presunción de inocencia, son algunas de las garantías individuales que podría comprometer este padrón.

Y como el asunto habrá de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver si ya saben quién, no se le ocurre también, que igual que ahora lo pretende hacer con el Instituto Nacional Electoral el INE, por no aprobar a sus compinches candidatos, vaya a proponer también la desaparición del máximo tribunal judicial.

El mensaje de los obispos y las elecciones

  • A nadie conviene un México dividido y fracturado
  • Debemos conocer a los diferentes candidatos
  • No es lícito comprometer el voto por presión económica

Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Terminó este domingo 11 de abril, la temporada vacacional de Semana Santa, por lo que todos los obispos de la diócesis del Estado de Veracruz dieron a conocer un comunicado donde analizan la situación actual y futura, ya que como es sabido las campañas electorales continúan para elegir presidentes municipales, diputados locales y federales, por lo que también hicieron algunas recomendaciones a los feligreses.

El mensaje de los obispos está firmado por Hipólito Reyes Larios, Arzobispo de Xalapa; José Trinidad Zapata Ortiz, Obispo de Papantla; Carlos Briseño Arch, Obispo de Veracruz; Eduardo Carmona Ortega, Obispo de Córdoba; Eduardo Cervantes Merino, Obispo de Orizaba y Juan Navarro Castellanos, Obispo Administrador Apostólico de Tuxpan.

En el documento que se analizan los problemas y la situación actual, en la entidad y el país, los obispos invitan a la reflexión de los feligreses ante las próximas elecciones y afirman:

Como a la primera comunidad cristiana, nos envuelve el desconcierto marcado por el dolor, la tristeza y la confusión ante los variados acontecimientos de nuestro entorno.

Hoy la realidad que vivimos ante la crisis de la epidemia del COVID-19 con sus repercusiones en la familia, en las relaciones sociales, en la economía, en la política, en la educación y en la vida de fe, nos provoca miedo, incertidumbre y desesperanza. Ante este desafío los animamos a vencer el virus del egoísmo y la indiferencia, con la fuerza de la fe y la caridad.

Como pastores compartimos las penas y las tristezas, así como las alegrías y las esperanzas de todos, pues como pueblo de Dios vamos en la misma barca y todos dependemos de todos.

Los rasgos de la realidad socio-eclesial actual, nos coloca ante un ambiente con serios problemas que vienen alterando la vida de nuestras comunidades.

La violencia con sus múltiples manifestaciones sigue causando sufrimiento, tristeza e impotencia.

La delincuencia se sigue manifestando en los robos, las extorsiones, los secuestros, las variadas formas de violencia contra la mujer y la trata de personas.

La crisis sanitaria, causada principalmente por el Covid-19, sigue afectando la vida de todos con consecuencias graves en la relación personal y comunitaria, dando como resultado el aislamiento y la soledad en muchas personas y familias, además de las penosas heridas en aquellos que han sufrido el contagio o han perdido algún familiar.

El desempleo y la crisis económica han llevado al crecimiento en el número de pobres, causando serios estragos familiares y sociales.

No podemos ser indiferentes ante el fenómeno migratorio y el mal trato que se les da a los hermanos migrantes que atraviesan gran parte de nuestro territorio veracruzano. Con tristeza constatamos el descuido creciente en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático, pues hemos olvidado que sólo somos custodios y administradores de la tierra; además, advertimos un desarrollo limitado para favorecer energías limpias y una ausencia de acciones, que detengan la deforestación de nuestros bosques, tanto tropicales como de las montañas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En esto todos nos tenemos que empeñar hoy, pues a nadie conviene un México dividido y fracturado por temas, que exigen un debate social, ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado.

Ante la próxima jornada electoral del 6 de junio, reconocida como «la elección más grande en la historia de México», por la cantidad de cargos que se renovarán en todo el territorio nacional y la nutrida participación ciudadana que se espera, los animamos a participar con entusiasmo, discernimiento e inteligencia.

De manera particular debemos seguir buscando el bien de nuestro País, sobre todo fortaleciendo el camino de una verdadera democracia. De hecho, ya se han dado pasos importantes en esta conciencia y participación en los últimos años, pero falta todavía mucho por hacer para que sea un compromiso real de la mayoría. Tomar parte en la vida y las decisiones de nuestra sociedad es un derecho y un deber que todos estamos llamados a cumplir conscientemente, de modo responsable y buscando el bien común. De manera especial se debe promover la participación de los fieles cristianos laicos, llamados a ser un factor en la construcción del entorno social.

​A la luz de lo anterior, queremos recordarles algunos puntos que consideramos importantes para que el próximo proceso electoral, sea realizado de manera adecuada para el bien de todos:

1.- Debemos informarnos y conocer a los diferentes candidatos, sus propuestas, los principios que los motivan y las plataformas que los respaldan; así como, sus convicciones y estilo de trabajo, sus cualidades personales y los resultados que ha dejado su trayectoria política o ciudadana en el pasado, lo mismo que su conocimiento y capacidad para desempeñar el cargo al que se postulan.

2.- Para decidir el voto es importante realizar un discernimiento serio. Se trata de pensar muy bien cuál opción puede propiciar el mayor bien posible, sobre todo la que lleve a tener acceso a la paz, la seguridad, la confianza, la justicia, al respeto de los derechos humanos y la solidaridad real con los más pobres y necesitados, así como leyes que favorezcan el bien común. Esto vale para la persona del candidato y el partido político que lo propone.

3.- Votar en forma libre, responsable y bien razonada. No dejarse convencer por ningún tipo de coacciones o chantajes. No es lícito comprometer el voto por las variadas formas de presión económica.

4.- Recordemos que necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando un diálogo interdisciplinario ante los diversos aspectos de la crisis; una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas.

5.- Nuestro voto habrá de colaborar en la construcción de una política puesta al servicio del verdadero bien común. Nuestra participación ha de tener la intención de avanzar hacia un orden social y político cuya alma es la caridad social porque busca el bien común.

6.- Dar seguimiento a las políticas y programas con las que la autoridad, una vez legítimamente constituida, buscará cumplirle a la sociedad, que para estos fines la eligió. Tengamos muy en cuenta que la participación ciudadana no se agota en las urnas, sino que se da antes, durante y después del voto.

7.- El próximo proceso electoral nos coloca ante una gran oportunidad para abonar a favor de la democracia. Es fundamental el compromiso de todos para participar activamente, y de esa forma ir superando el abstencionismo que no permite crecer y fortalecer una democracia completa. El modo de transformar la realidad se realiza con la participación consciente libre y responsable de los ciudadanos.

Queremos recordar lo que hemos dicho en mensajes anteriores sobre este tema: Los ministros de la Iglesia, estamos llamados a animar la participación responsable en la democracia desde nuestros valores cristianos.

Los sacerdotes saben que nuestra mejor aportación a la democracia es hacer conciencia en nuestros fieles de sus derechos y deberes ciudadanos. Como pastores, estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, de reconciliación y de paz; por lo que no es nuestro papel hablar en favor o en contra de ningún candidato o partido político en particular. Hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un pluralismo de partidos. Los animamos a promover talleres de participación ciudadana a favor del voto libr

Autorizan a políticos chapulines

  • Diputados, alcaldes, síndicos y regidores piden licencia
  • Aprobó el Congreso nueva Ley de Comunicación Social
  • Les darán más dinero al OPLE, Fiscalía, UV y TEV

Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Tres temas interesantes fueron abordados durante el inicio este jueves, del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Veracruz, se trata de la lista de funcionarios públicos -diputados, alcaldes, síndicos y regidores- que pidieron licencia para separarse del cargo que actualmente cobran y disfrutan, para ir en busca de un nuevo puesto de elección popular el próximo mes de julio. Son lo que se denomina chapulines políticos, que todavía no terminan un hueso y ya van en busca del otro.

El segundo tema interesante y digno de analizar en detalle es el de las solicitudes de los mal llamados Organismos Autónomos Estatales, como el OPLE, Tribunal Estatal Electoral Fiscalía General del Estado y la mismísima Universidad Veracruzana, que en estos tiempos de crisis económica, están solicitando y obtuvieron que se les aumenten los presupuestos aprobados para ejercer en este año.

El otro asunto en la orden del día de la Legislatura del Estado, fue el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación, con proyecto de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue finalmente fue aprobada con 27 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.

Primero se trató el tema de la solicitud del Organismo Público Local Electoral el ya famoso OPLE, que como “los maderos de San Juan, piden pan y no les dan, les dan un billetito millonario, que se les atora en el pescuezo” ya que su inocente petición asciende a la cantidad de $471,083,239.00 (Cuatrocientos setenta y un millones ochenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2021.

El pretexto para pedir más millones de pesos para el OPLE Veracruz es que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de los porcentajes de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos, por la cantidad de $198,296,863.00 (Cientos noventa y ocho millones doscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), así como la cantidad de $272,786,376.00 (Doscientos setenta y dos millones setecientos ochenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), para los gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso, del modo siguiente: para el llamado capítulo 1000 -que son sueldos- tienen autorizados $ 403,074,599.00 para este año, pero estaban pidiendo otros $96,204,925.00, pero se tendrán que amarrar el cinturón en sus elevados sueldos y compensaciones porque solo les autorizaron $352,000,000.00 (Trescientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.).

La solicitud del Tribunal Electoral de Veracruz, también desmedida, asciende a la cantidad de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2021, derivado del incremento en las arduas labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación. A pesar de la crisis económica que estamos viviendo los veracruzanos, le autorizaron otros $4,612,000.00 (Cuatro millones seiscientos doce pesos 00/100 M.N.).

A la que sí le fue muy bien es a la solicitud de la Fiscalía General del Estado, que asciende a la cantidad de $347,147,918.00 (Trescientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el 2021, que se funda y motiva, a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los períodos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 y por Arrendamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 por lo que finalmente se le autorizaron recursos extras por $347,147,918.00 (Trescientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).

A la que también le autorizaron todo lo pedido fue a la Universidad Veracruzana, de doña Deifilia Ladrón de Guevara, también para el pago de adeudos al SAT, antes de que se vaya en septiembre, para lo que le dieron una ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de $1,682,467,895.76 (Mil seiscientos ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.), para el estricto cumplimiento de los fines solicitados.

Por último, en la sesión del Congreso del Estado de este jueves, se aprobó también la nueva Ley de Comunicación Social del Estado, que tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.”